2019-05-31T14:13:35-03:00

Por Mara Resio 

El 45% de los partos en el país es mediante cesáreas, el número triplica la cantidad recomendada de estas intervenciones por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que oscila entre el 10% y el 15%, según los datos reunidos en el reciente informe “Tiempo de parir”, presentado por la organización “Parir y nacer” y la Defensoría del Pueblo de CABA este mes. 

En 2016, la OMS colocaba al país entre los que tenía una de las mayores tasas de cesáreas en base al informe sobre epidemiología “Epidemia de cesáreas”. En ese entonces, la práctica duplicaba lo recomendado por la organización, ya que llegaba al 30,9% de cesáreas.

“El aumento de las cesáreas se debe a la falta de tiempo de los médicos, que pueden hacer 30 en un mes, lo cual repercute en sus sueldos. Pero también responde a un sistema médico patriarcal, los médicos toman las decisiones y las mujeres pasan a ser un objeto, se les vende seguridad al hacer una cesárea y muchas veces no conocen su derecho a tener un parto respetado”, explica Graciela Stuchlik, realizadora del informe.

La ley 25.929 sobre parto humanizado busca garantizar los derechos de los padres y los recién nacidos como tener un parto normal, que se respeten los tiempos de la madre y de su bebé; que la madre elija quien la acompañará durante el trabajo de parto, parto y posparto, entre otros. “La ley es muy buena porque concientiza a las mujeres a ser informadas, consultadas y acompañadas durante todo el proceso, además de no hacerles prácticas invasivas como cesáreas no necesarias”, relata Elena Naddeo, Directora General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de CABA.

En el sistema público esta práctica se usa en el 31% de los partos, mientras que en el privado asciende al 67%, según el reciente informe. Frente a esta situación la licenciada en obstetricia y presidente del comité de la Asociación Obstétrica Argentina, Catalina Gerace, sostiene: “A los obstetras nos preocupa muchísimo la gran cantidad de cesáreas que se hacen en todo el país, lo cual responde a un motivo económico ligado a una cuestión machista, ya que la mujer es presa de lo que decide el poder hegemónico médico y en algunos casos, el marido”. En cambio, Alejandra Colombo, ginecóloga y obstetra, considera que “la realización de cesáreas se hace para evitar peligros”, aunque concuerda en que también “le deja más dinero al médico, en comparación a un parto natural”. 

Argentina sigue la tendencia del aumento de cesáreas como sucede en América Latina y el Caribe, que tienen la mayor tasa de dicha práctica del mundo (40,3%), según un estudio realizado por la revista científica Lancet. República Dominicana es líder mundial en este tipo de nacimientos (58,1%) y segundo se ubica Brasil (55,5%).

Para contrarrestar esta intervención, las especialistas consultadas recomendaron la realización de talleres y cursos de preparto, los cuales preparan a la mujer para el momento de parir. 

El primer juicio por violencia obstétrica

El caso de Agustina Petrella es un emblema contra la violencia obstétrica. Luego de dos partos violentos, denunció en la Defensoría del Pueblo de la Nación y en la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) del Ministerio de Justicia de la Nación, a la neonatóloga, al obstetra, a la prepaga y a la clínica en la que nació su hija por violencia durante el parto. Tiempo después de la presentación recibió una resolución que fue enviada a la clínica confirmando que había existido violencia obstétrica.

Este tipo de violencia está prevista en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, en el artículo 6, inciso e),  la define como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25929”.

El juicio por daños y perjuicios continua, y también su hija demanda a todos. Sin embargo, Petrella confiesa: “Quería hacer un juicio penal para que no vuelvan a hacerle eso a otra mujer, pero no se pudo”.

Frente a la ausencia de un Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) en el país, la agrupación feminista Las Casildas creó el primero. En base a sus estadísticas concluyeron que el 74,6% de las mujeres consultadas declararon haber sufrido maltrato verbal y/o físico durante su parto. Pese a esto, el 94,5% no denuncia las situaciones violentas por considerarlas normales.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene un instructivo y un modelo de nota para iniciar un reclamo administrativo por violencia obstétrica (trámite gratuito) y para asesoramiento se puede llamar al 08001225878.