La empresa de transporte compartido accedió a pagar hasta USD 25 millones para resolver una demanda planteada por los fiscales del distrito de las ciudades californianas de San Francisco y Los Ángeles.
Las dos ciudades demandaron a Uber por considerar que había engañado a los consumidores sobre la comprobación del historial de sus conductores, y por no tener los permisos adecuados para dejar y recoger a pasajeros en los aeropuertos.
La empresa de transporte compartido accedió pagar USD 10 millones, cinco a cada una de las ciudades, como parte del acuerdo extrajudicial.
Además, se comprometió a desembolsar hasta USD 15 millones en multas adicionales si no cumple con las regulaciones en vigor, incluidas las normativas de los aeropuertos y materiales publicitarios que puedan conducir a engaño a los consumidores.
Uber insistió en que ya cumple con todas las normativas exigidas por los fiscales en su demanda.
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