La ONU advirtió sobre la crisis de refugiados en Latinoamérica

En América Latina, 8 millones de personas abandonaron su lugar de origen forzadas pro condiciones de violencia y persecución. De este total, 7 millones están en Colombia lo que sería un indicio de que la crisis está cerca de Centroamérica, al menos mucho más que años atrás.

El Representante Regional para Centroamérica, Cuba y México de la Oficina del Alto Comisionado para Atención de Refugiados (Acnur), José Samaniego, contó en una entrevista para EFE que “año tras año” la cifra de refugiados, asilados y desplazados aumenta: “se sigue incrementando a causa de conflictos, violencia y violaciones de derechos humanos”.

América Central no es la excepción a esta problemática ya que la cifra de refugiados y solicitantes en esta zona va en crecimiento en países como Honduras, El Salvador y Guatemala (Triángulo Norte). La causa: “presiones y extorsiones que ejercen grupos criminales como las pandillas y las maras que obligan a las personas a abandonar su hogar y en muchos casos cruzar fronteras”.

En Centroamérica hay entre 175.000 refugiados y solicitantes, de los cuales en el caso de Honduras, que “es el único país que tiene cifras”, se llega “a unas 174.000 personas que se han desplazado”.

“América Latina tiene una larga tradición de asilo y experiencia en temas de cooperación, y tal vez un mensaje en eso es la necesidad que las personas vean que el tema de refugiados no es únicamente un tema del Gobierno sino de las comunidades, la sociedad civil y del sector privado”, resaltó.

“Lo peor”, insistió, “es tener un refugiado excluido, sin hacer nada, sin acceso a un trabajo, sin acceso a la educación”.

Amnistía Internacional en su informe Centro América: ¿Hogar dulce hogar? asegura que “aunque en los últimos decenios los índices de pobreza han mejorado en algunos países latinoamericanos, los cambios en Centroamérica han sido menos visibles que en algunos países de América del Sur, y el número de personas del Triángulo Norte que viven con menos de lo que necesitan para subsistir es preocupadamente alto”.

La organización también recomendó que los Estados del Triángulo Norte reconozcan su responsabilidad en la crisis de protección de la región y diseñen e implementen políticas públicas y marcos jurídicos para brindar protección a las personas deportadas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBT.