2018-05-29T15:39:43-03:00

Por: Bárbara Simeoni

Gabriela Sosa es subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe. Su nombre resonó en los medios de comunicación a partir de su participación en una audiencia en el marco del debate por la despenalización del aborto. Es que, con estadísticas y experiencia, demostró que es posible una buena aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, algo que tuvo enormes consecuencias en una provincia que ha bajado el número de embarazos adolescentes y ha sabido proveer métodos anticonceptivos de manera sistemática. Eso sí: sin olvidar la aplicación del protocolo de la interrupción legal del embarazo. Una prueba de ello es que el número de nacidos de mujeres menores a 15 años ha bajado a la mitad en los últimos cuatro años. 

Santa Fe: la provincia que supo aplicar la ley de Educación Sexual Integral - Imagen

“Ese número se debe a tres factores. Primero, por el compromiso del gobierno de la provincia en seguir impulsando el programa de Educación Sexual Integral, a pesar de que a nivel nacional se haya realizado un recorte presupuestario. Segundo, por el acceso a los métodos anticonceptivos. Y tercero, por la aplicación del protocolo de la interrupción legal del embarazo“, cuenta en conversación exclusiva con TKM. Para la subsecretaria, los tres factores son claves para darle a los jóvenes adolescentes la posibilidad de “decidir su proyecto de vida, que involucra la decisión de no continuar con el embarazo no deseado”.

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Educación Sexual Integral

Tenemos una Ley de Educación Sexual Integral desde el año 2006. Sin embargo, pocas provincias lo aplican. Gabriela Sosa reconoce que llevar a cabo esta ley no es algo sencillo, gran parte por los prejuicios que encarnamos como sociedad en torno al sexo. “Es un trabajo de mucho esfuerzo y sistematicidad en el que todavía hay muchas resistencias, no solamente por parte de docentes o directivos sujetos a patrones estereotipados y miradas conservadoras, también de los padres y madres de la escuela“, recalca. Los mismos prejuicios culturales hacen que los padres no se sientan cómodos sabiendo que sus hijos reciben contenidos sexuales.

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Para ello, Sosa reconoce una solución: “Hay que utilizar la persistencia y la creatividad: que los recursos que llegan a la escuela sean creativos y adaptables a la realidad y a los gustos de los jóvenes. Y tener como decisión política no poner en discusión si esta ley se tiene que implementar o no, en función de esas resistencias”, define.

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Métodos anticonceptivos

En relación con la ley de Educación Sexual, la Subsecretaría de Políticas de Género de Santa Fe reparte anticonceptivos en centros de salud municipales. Para su control, realizan un monitoreo de todos esos centros: “Es difícil desde el dispositivo público, pero monitoreamos que se les informe y se les entregue los métodos anticonceptivos a las mujeres que lo solicitan. Llevamos un conteo de los elementos entregados“, explica.

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Un papel fundamental en la distribución de los métodos anticonceptivos lo tienen las organizaciones de mujeres. Es por ello que Sosa cree igual de importante poner un ojo en las dinámicas sociales: “Hay que alentar la participación de las mujeres a través de las organizaciones que puedan ir informándonos sobre aquello que funcione demasiado regular o mal dentro del sistema de salud. Pero es fundamental seguir monitoreando para darle la posibilidad a toda mujer de contar con el método más adecuado para decidir cuándo y cuántos hijos tener”, refuerza.

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Aborto en centros de salud

En los últimos 6 años, ninguna mujer murió por practicarse un aborto en Santa Fe. Incluso ha decrecido la cantidad de mujeres que han interrumpido su embarazo. Para Sosa, esos números son claros: “Toda mujer que va a un hospital público o a un centro de salud, recibe información de una consejería sobre las posibilidades que tiene. Esto se realiza siguiendo el concepto de salud integral de los derechos humanos de las mujeres: no desde una mirada recortada de la salud“, cuenta. En Santa Fe, respetan lo definido por la Organización Mundial de la Salud: el ser humano abarcado desde lo biológico, psicológico y social. “Abordamos la salud desde una mirada vinculada con los derechos de las mujeres”, define.

Sin embargo, estas cifras oficiales no recopilan los abortos que se hacen en la clandestinidad: “Solo podemos hablar de aquellas situaciones que han llegado al sistema público de salud. La clandestinidad nos quita al Estado la posibilidad de abordar de manera segura, evitando un mayor impacto en la salud de las mujeres”, explica. “Las situaciones complicadas que llegaban años atrás a los hospitales públicos ya no existen. No hemos tenido complicaciones mayores que llevaron a la muerte a mujeres víctimas de la clandestinidad o realizados de manera insegura”.

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Producción propia de misoprostol 

El misoprostol es un medicamento legal en nuestro país, que permite el aborto no quirúrgico hasta la semana número 12. Reconocida por la OMS, es un medicamento seguro que no genera complicaciones o secuelas. Desde la provincia de Santa Fe reconocen su efectividad y producen misoprostol de manera independiente, iniciativa que se realiza por tener dos laboratorios propios. “Tenemos el municipal, en Rosario, y otro provincial. Fue una decisión política porque queremos alejarnos de las especulaciones de las empresas farmacéuticas, los costos, los medicamentos y demás”, define.

Pero su decisión viene respaldada por la Organización Mundial de la Salud: “Creíamos que era importante realizar una producción propia porque es un medicamento que se ha probado a nivel mundial, que genera menos dificultades a la hora de interrumpir un embarazo“, cuenta. Y enumera: “Se ha probado que es menos invasivo, te da posibilidades de tener un tratamiento ambulatorio. Y desde el punto de vista económico, genera menos inversión al Estado al evitar las internaciones, porque brindás la posibilidad de interrumpir un embarazo de manera ambulatoria”.

¿Cómo se accede en Santa Fe? Para comprender su acceso, es necesario entender que en nuestro país el aborto es legal bajo dos causales: violación o peligro de salud de la madre. “Las mujeres que están dentro de estas causales, desde lo legal pueden ir al centro de salud e informar su situación. Desde allí empieza un proceso de acompañamiento por parte del centro, que provee misoprostol. Si eso no funciona, ahí hay una intervención en el hospital”.

Para la subsecretaria, es necesario comprender que la legalización del aborto va más allá de los deseos particulares: “Estamos hablando una y mil veces de la posibilidad de las mujeres a ser libres, a vivir en una sociedad sin violencia, a soñar con ese tipo de sociedad para nuestros hijos e hijas. Y una de esas violencias que nos pasan, pero de manera más invisible, es la imposibilidad de ejercer con libertad los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Cuando alguien se opone a decidir sobre nuestro cuerpo, nos está arrojando a un mercado clandestino que mueve millones de pesos y, por ende, nos arroja a la posibilidad de morirnos“. Las estadísticas en su provincia hablan por sí solas: para Gabriela Sosa la ley de Educación Sexual Integral no es una ley más.