2018-11-18T11:54:54-03:00

Por: Bárbara Simeoni

El día después del 8 de agosto los ojos estuvieron puestos en la Iglesia. Es que el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo reavivó el fuego masivo de un pueblo que venía mirando con cierta reticencia al catolicismo. El mismo catolicismo que se basa en un número estadístico para seguir perpetuando su poder y, así, justificar su representatividad: que el 90% de la población argentina es católica (boletín AICA N°2500). Lo cierto es que ese número es, en realidad, una expresión de la cantidad de personas bautizadas en nuestro país, muchas de las cuales hoy en día están lejos de practicar aquella religión.

Pero no es solo que tenemos un artículo 2 de la Constitución Nacional que determina que el gobierno debe sostener el culto católico. También, en la práctica, se destina millones de pesos al mantenimiento de la Iglesia. Según Chequeado.com, el Estado argentino destinó en el 2018 $167 millones de pesos al mantenimiento de la Iglesia. Esto llevó a que se inicie una campaña para pedir que el Estado se separara de dicha institución, vehiculizada por la Apostasía Colectiva.

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Sin embargo, a 3 meses de aquel movimiento, muchas de las cartas presentadas para la desmembración han sido ignoradas por completo, impidiendo, de esta forma, la libertad de culto que nuestra propia constitución proclama: “Las apostasías recibidas el 8A y 18A fueron entregadas a la Conferencia Episcopal Argentina el 24A. Durante más de un mes estuvimos reuniéndonos y reclamando que le den curso y nos entreguen los comprobantes firmados”, explican. Hoy comprueban que los pedidos clasificados nunca llegaron a las diócesis, encargadas de efectivizar el trámite.

Para Jenny Durán, católica y referente de Católicas por el Derecho a Decidir -un movimiento autónomo católico con una perspectiva teológica y feminista- negar e impedir que los trámites de apostasía sean llevados a cabo es un error que la Iglesia deberá enfrentar: “Es momento de entender que existe la apostasía y la libertad de conciencia, es momento de que la Iglesia acepte que toda persona puede desligarse de ella, realizando una acción administrativa”, afirma. Y define a la apostasía: “Es el costo político que hoy está pagando la Iglesia por la nula capacidad de escucha de los fieles que piensan diferente, como también a los no fieles, es decir, a las personas que han sido bautizadas por coacción cuando eran chicos y no tenían poder de decisión. Hoy esa gente elige su propia fe o, directamente, no tener fe”.

Es que Jenny, como católica, entiende que la Iglesia está descontextualizada de los cambios sociales actuales: “La sociedad ha avanzado en debates, en derechos, tiene diferentes maneras de organizarse y pensarse como familia, como sociedad, como relaciones humanas… Lo que está pasando es un rechazo a las posiciones de la Iglesia, que no logra estar a la altura de los cambios sociales y no está dando una respuesta ni un acompañamiento, como tampoco abrazo ni misericordia a aquellas personas que no comulgan con sus prácticas. A la Iglesia le falta aggiornarse”, dice, segura.

Cuando ser católica y apoyar la separación de la Iglesia y del Estado no es una contradicción: “La fe no se negocia” - Imagen

Puede que tengamos en nuestra mente un solo tipo de Iglesia, asociada a la jerarquía eclesiástica que, lejos de promulgar la inclusión y a la diversidad, no hacen otra cosa que mantener preceptos religiosos que se arrastran desde hace varios siglos. Pero para Católicas por el Derecho a Decidir, existe la creencia en otro tipo de institución, alejada de los actos delictivos que se mantuvieron en secreto durante años: “Por supuesto que repudiamos los casos de pedofilia, por decir un ejemplo, pero lo hacemos siendo partícipes de una iglesia del pueblo, que no es la iglesia de jerarquías eclesiásticas, que no es la del ostracismo, ni la de las grandes riquezas, sino todo lo contrario: estamos a favor de una iglesia abierta, popular, comprensiva”, cuenta. Y la define: “Pensamos la fe desde lo popular y la comunión con nuestra propia sociedad, lo que involucra acompañar a quienes lo requieren. Y eso implica que no necesariamente se tenga que hacer bajo un edificio o bajo formas eclesiásticas”.

Y mientras ellas están a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, reafirmando que “la fe no se negocia”, Jenny es contundente con su visión: “La religión no puede imponer su moral y menos una moral conservadora sostenida por sobre el derecho de las personas, personas que pueden ser creyentes, no creyentes, católicos, agnósticos, judíos, musulmanes… Debemos repudiar que una sola religión imponga su moral por sobre la decisión personal y la ley”, finaliza.

Puede que parte de ese 90% de los católicos argentinos sigan sintiéndose representados por la Iglesia. Pero existen esos otros que se animaron a realizar un trámite burocrático, para desligarse totalmente de los preceptos que no comparten, presos de arrastrar sobre sí una decisión religiosa que ya no les compete. De todas formas, seas quien seas, es momento de reflexionar, como lo hace Jenny Durán: ¿hasta cuándo vamos a dejar que el dedo inquisidor eclesiástico siga teniendo incidencia en el Estado argentino?

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