2018-08-12T21:03:28-03:00

A días de que el Senado haya decidido rechazar el aborto legal, en Twitter las personas que salieron a las calles decidieron comenzar el hashtag #YAhora, como demostración de lo que queda pendiente luego de la sesión.

Si no estás conforme con la votación del Senado, probablemente coincidas en que estas son las cuentas pendientes para poder reclamar derechos:

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1- Cambiar la composición del Senado

Lo del Senado dejó en claro que el cambio se puede lograr tomando mejores decisiones en las elecciones legislativas. Muchas de las jóvenes que siguieron desde un principio el debate por el aborto legal, están esperando realizar su primera votación para elegir quienes serán los próximos que decidirán nuestras leyes.

Mientras muchos hablan de que la decisión del Senado fue algo generacional -teniendo en cuenta que de las 4 personas con menos de 40 años, 3 votaron a favor y 1 se ausentó, de los que tienen entre 41 y 60 años, 21 votaron en contra y 17 a favor con 2 abstenciones y que los mayores de 61 años 14 optaron por estar en contra y 11 a favor- hubo un Pino Solanas que con sus 82 años hizo llorar a más de una al destacar, con énfasis, la lucha de las mujeres: “A las millones de mujeres movilizadas: nadie podrá parar la oleada de las nuevas generaciones. Será hoy o mañana, pero será”.

Lo cierto es que estas mujeres deberán esperar a octubre del 2019 para modificar la composición de la Cámara de Diputados y el Senado: 130 de los 257 se renovarán por un período de 4 años en el caso de Diputados, mientras que en el caso de Senadores se deberán renovar 24. De los 24 que deberán abandonar la banca en 2019 al menos que sean reelegidos, 12 votaron en contra del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: se trata de Federico Pinedo y Marta Varela en la Ciudad de Buenos Aires, Ángel Rozas en Chaco, Alfredo de Angelis en Entre Ríos, Silvina García Larraburu en Río Negro, Rodolfo Urtubey por Salta, Juan Carlos Romero y María Fiore Viñuales por Santiago del Estero, Gerardo Montenegro, Ada Rosa Iturrez de Capellini y Bianca Porcel de Ricobelli y Miram Boyadijan por Tierra del Fuego.

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2- Estado laico

Tenemos un Estado ligado a la Iglesia a través del artículo 2 de la Constitución Nacional. Allí se resalta que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, discriminando, de ese modo, la posibilidad de otras religiones y dejando que recaiga sobre todos los ciudadanos argentinos las decisiones que toma un tipo de religión por sobre las otras.

De esa forma, otra de las grandes luchas pendientes para ciertos sectores de nuestra sociedad es separar a la Iglesia del Estado, de modo que deje de influenciar en la toma de decisiones: en particular, con el proyecto de ley por el aborto legal, la Iglesia ejerció una enorme presión llamando a Diputados y Senadores a que se tomen sus decisiones a partir de preceptos morales y éticos.

A partir de la desaprobación de la legalización del aborto, la palabra apostasía resonó en la sociedad, instando a que muchos argentinos se desliguen de la Iglesia católica. Es que, según consta, la Iglesia justifica su poder bajo el número de sus “adherentes”, conteo que se lleva a cabo a través de la cantidad de personas bautizadas. Como el sacramento del bautismo no suele ser elegido a consciencia por realizarse en los primeros meses de vida, muchos pertenecen a la Iglesia sin siquiera apoyar ninguno de sus preceptos. Eso sin contar que el Estado argentino destina 20 mil millones de pesos por año a la Iglesia.

Si no se reforman nuestra Constitución, muchos ven en la apostasía el camino para hacer que la Iglesia deje de tomar decisiones que repercuten a los ciudadanos.

3- Educación sexual integral

Tenemos una Ley de Educación Sexual Integral desde el año 2006 y sin embargo no se lleva a cabo. Con perspectiva de género, la ley propone que en todos las escuelas, tanto públicas como privadas, se enseñe sobre educación sexual pero de una manera integral. Esto implica que no haya una sola charla aislada y especial para enseñar contenidos básicos de sexualidad o anatomía humana, sino que, por el contrario todas las materias incluyan en sus contenidos datos útiles para educar sexualmente a los más jóvenes.

Sin embargo, esta ley no se aplica en nuestro país: muchas veces porque los profesores no están capacitados, muchas otras porque el presupuesto anual que reciben las provincias no contempla esas capacitaciones y, a su vez, porque en diferentes ocasiones son los mismos padres los que prefieren evitar que sus hijos reciban información de este tipo.

Si bien no todo método anticonceptivo es 100% seguro, con la buena aplicación de esta ley se estaría proveyendo a los jóvenes de información necesaria y dotándolos del poder de elegir y decidir sobre su propio cuerpo. Junto con el suministro de métodos anticonceptivos de fácil acceso y gratuidad, la Ley de Educación Sexual Integral es otra cuenta pendiente.